El día catorce de agosto, los miembros de la comunidad q’eqchi’ de Monte Olivo, que encabeza la defensa del territorio del pueblo q’eqchi’ frente a la imposición de la empresa Hidro Santa Rita, S.A., fueron sorprendidos por un contingente de 90 patrullas y 600 a 700 agentes de la Policía Nacional Civil. Estos agentes del Estado llegaron con lujo de fuerza con el fin de desalojar a la población y detener a defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas de dicha comunidad.
Este ataque a Monte Olivo deja como saldo varios heridos y cinco miembros de la comunidad desaparecidos, quienes supuestamente fueron capturados por la PNC. Estas agresiones están precedidas por ataques violentos de la referida compañía, a la que se le atribuye el asesinato de dos niños de la comunidad, que fueron ejecutados con armas de fuego.
Según dato del juez encargado del caso, el desalojo tiene 3 meses de vigencia, a partir del 9 de julio 2014 en adelante. Esto significa que en cualquier momento puede regresar la fuerza de seguridad pública a reiniciar el desajolo a favor de la empresa hidroeléctrica.
Las comunidades mayas, cuyos derechos y dignidad están siendo atropellados por las fuerzas del Estado, exigen al Gobierno de Guatemala que se detenga las acciones de la PNC en el área y se respeten los derechos de los pueblos originarios. En Guatemala se criminaliza la lucha social y el trabajo de los defensores de los derechos humanos. El Estado debe garantizar y destinar sus recursos a lograr la paz, la justicia, la equidad, la libertad y el desarrollo integral de todas y cada una de las comunidades y los y las guatemaltecas.
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